Ficha técnica
Declaraciones del abogado del Despacho Liria Abogados, José Ramón Antón, que se ha hecho cargo del caso, ha confirmado que hay "3.000 viviendas que han sido privatizadas con dinero público". "Nosotros vamos a intentar anular esa adjudicación de venta porque entendemos que se han provocado irregularidades administrativas y que se han incumplidos los contratos, por lo que la finalidad es recuperar las viviendas para sus inquilinos", ha asegurado Antón. Además, declaraciones de una de las afectadas, Vanesa.
Relacionados